En esta 16ª sesión realizada el martes 27 de junio, se tenía que entrar al interrogatorio de los acusados, pero se presentaron 2 peticiones. Una, de la Defensa de Abimael Guzmán Reinoso y la otra, por la reparación civil de parte de cada uno de los procuradores: el de Terrorismo y el de Tráfico.
El abogado de la defensa de Abimael Guzmán R. intervino comenzando por denunciar que este juicio se venía desenvolviendo en un contexto de persecución política extendida a los familiares de los acusados, específicamente el caso de Abimael Guzmán Reinoso, la persecución al hermano de su primera esposa, quien por más de 30 años vive refugiado en Suecia, a quien, aun cuando no se ha cerrado la petición de extradición por parte del Perú ni tampoco se ha archivado el proceso abierto en contra de su persona por terrorismo agravado de hechos ya prescritos, el gobierno español levantó la retención que pesaba sobre él, así como le devolvieron todos sus documentos de identidad, habiendo llegado ya al seno de su hogar donde esposa e hijos le aguardaban.
A esta denuncia, el abogado agregó otra, referida a las nuevas medidas restrictivas al derecho de defensa de su patrocinado en la Base Naval del Callao, donde a través de un Memorándum comunicaban a Abimael Guzmán Reinoso que instalarían nuevas cámaras de vigilancia en la puerta de su cuarto de trabajo. Según manifestó, el “cuarto de trabajo” es la propia celda en la cual vive día y noche, lugar donde también recibe a sus abogados y donde además existe ya cámaras de vigilancia hace más de dos décadas. De lo que se deduce que pretenden: grabar, escuchar, filmar las entrevistas que recibe el acusado en su celda con sus abogados. Lo que constituye negación de la Reserva del derecho a la defensa en violación de la Constitución Política peruana y de los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Así, su petición fue “que cese la persecución política y no se la extienda a los familiares, abogados y amigos, como se viene haciendo”; y por otro lado, “que se oficie al INPE, en aras de defender el derecho pleno de defensa de su patrocinado, teniéndose en cuenta, además, esto implicaría un agravamiento del aislamiento e incomunicación que hace 25 años enfrenta su patrocinado”.
La Sala luego del debate concluyó que antes de tomar cualquier decisión pediría que el INPE informe al respecto. Y en cuanto a la denuncia de persecución política no podía resolver nada porque eran cuestiones extrajudiciales.
En el debate la Fiscalía en lugar de defender la legalidad, cual es su papel, y a modo de refutación, airadamente señaló que “la Sala no tenía por qué velar por las condiciones de ejecución penal porque el acusado en cuestión, así como todos los demás, “eran reos libres en este proceso”, lo que provocó la risa de los acusados y abogados a modo de rechazo.
La petición del Procurador de terrorismo consistía en oralizar el aumento de la reparación solicitada por la Fiscalía, de 200 mil a “no menos de 10 millones de soles”. Dio por fundamento que se trataba de valuar el daño en vidas y daños materiales ocasionados por el hecho producido.
La defensa solicitó una aclaración referida a que definiera si era el mismo monto de la reparación civil del proceso a los ejecutores (Expediente N° 73-95) pues en el caso Tarata ya fueron procesados y sentenciados los ejecutores. También en el expediente N° 508-03 de fecha diciembre 2005 fue juzgado y condenado el autor intelectual. Siendo que en ambos procesos el monto de la reparación fue establecido previo peritaje.
La respuesta del Procurador fue que se trataba de otro caso, de otros autores pero del mismo hecho y que esto daba lugar a un nuevo pago de reparación civil. Otro absurdo lanzado por la Procuraduría.
La réplica de los abogados no se hizo esperar, se trataba del mismo hecho el cual ya tenía reparación civil fijada y que pedir nuevo monto era afán de lucro del Estado o “medida ejemplarizadora más allá de la capacidad económica del condenado” como dijo el Procurador Milko Ruiz fuera del proceso al diario Correo, agregando: “no interesa que el acusado sea pobre”.
La defensa insistió que los procuradores con sus dichos y peticiones probaban que se trataba de un “juicio político”.
En pleno debate la defensa recibió un llamado de atención de parte del Director de debates, por cuanto los abogados intercambiaban puntos de vista para intervenir. Ante ese hecho los acusados expresaron su indignación y otro de los abogados estando en uso de la palabra replicó que había doble rasero, uno para exigir a la defensa y el otro para consentir a la Fiscalía y la Procuraduría, quienes constantemente coordinan y se asesoran mutuamente.
En el debate fue notoria la actitud del abogado de Ramírez Durán, quien con el afán de demostrar su total separación de los dirigentes encausados remarcó su posición de seguir colaborando con la justicia, reiterando que no tenía nada que ver con el PCP.
En el mismo sentido habló el abogado de la señora Elizabeth Cárdenas.
Los otros abogados de la defensa replicaron que se trataba de “un juicio político”, que sus defendidos eran acusados de ser dirigentes del PCP, rechazando las palabras “infamantes” de los anteriores abogados que les imputaban ser defensores del PCP, zanjando este tema.
Finalmente, la petición del Procurador de Tráfico de incremento de reparación civil fue llena de rimbombantes palabras, la infamia y la mendacidad fue su único argumento, ante el rechazo de la defensa, se enredó en la telaraña que él mismo tejió.
La Sala resolvió que las peticiones de ambas procuradurías se definirían con la sentencia dando por terminado el momento de peticiones y se dio paso al interrogatorio, iniciando con Abimael Guzmán Reinoso.
Al preguntar la Sala a los procesados quiénes responderían el interrogatorio, el Dr. Guzmán respondió que no tenía nada que decir en este juicio, que carecía de razón y obedecía a “propósitos políticos de parte del Estado y la reacción peruana”. Dijo de lo que él respondía y había asumido era “haber dirigido una guerra popular en la cual rigen formas de actuar, normas y principios; de todo lo cual, en todo caso, la Sala debió asesorarse como lo hacen en otros casos”; dijo que en “el PCP el Comité Central no se encarga de acciones concretas a realizar sino que establece líneas políticas y militares y planes estratégicos”. Agregó, “la guerra estaba desenvolviéndose en momentos en que preparaban de parte de los imperialistas un ingreso a combatirnos, razón por la cual una de las políticas específicas era ganar a la burguesía nacional. ¿Cómo podría caber lo que se hizo? Además, fuimos los que más criticamos ese hecho como un monstruoso error político que lamentamos”.
Con relación al tráfico planteó que él había sido formado en la no necesidad del uso de ese tipo de sustancias, que para eso se tenía cabeza para pensar y “más aún en el Partido se ha criticado las drogas porque envenenan a la humanidad. Tampoco se ha dispuesto ningún tipo de relaciones con el narcotráfico”. Dijo, “yo no soy ningún ganapán que se llena los bolsillos de plata como esos que mandan en el país”. Señaló.
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