En particular, la ComisiĆ³n insta a los Estados a reducir la sobrepoblaciĆ³n en los centros de detenciĆ³n como una medida de contenciĆ³n de la pandemia. #COVIDć¼19. #PersonasPrivadasLibertad #CIDH #DDHH .
š Comunicado de Prensa: https://bit.ly/2UzzuB7
Washington, DC - La ComisiĆ³n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su Sala de CoordinaciĆ³n y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relaciĆ³n con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), urge a los Estados enfrentar la gravĆsima situaciĆ³n de las personas privadas de la libertad en la regiĆ³n y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta poblaciĆ³n y de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, asĆ como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detenciĆ³n en los centros de privaciĆ³n de la libertad, de conformidad con los estĆ”ndares interamericanos de derechos humanos. En particular, la ComisiĆ³n insta a los Estados a reducir la sobrepoblaciĆ³n en los centros de detenciĆ³n como una medida de contenciĆ³n de la pandemia.
En este sentido, la CIDH manifiesta su profunda preocupaciĆ³n por las alarmantes condiciones en las que se encuentra la poblaciĆ³n carcelaria en la regiĆ³n, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles de hacinamiento extremos, destacĆ”ndose que en algunos paĆses la tasa de ocupaciĆ³n es superior al 300 %. Este contexto puede significar un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situaciĆ³n de vulnerabilidad, como personas mayores, diabĆ©ticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncolĆ³gicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardĆaca e insuficiencia renal crĆ³nica, entre otros.
Conforme con lo establecido en sus Principios y Buenas PrĆ”cticas sobre la ProtecciĆ³n de las Personas Privadas de Libertad en las AmĆ©ricas, la CIDH recuerda a los Estados que toda persona privada de libertad bajo sus jurisdicciones tiene derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantĆas fundamentales, como lo son el acceso a las garantĆas judiciales indispensables para proteger derechos y libertades. Los Estados se encuentran en una especial condiciĆ³n de garante frente a las personas privadas de libertad, lo cual implica que deben respetar la vida e integridad personal de ellas, asĆ como asegurar condiciones mĆnimas que sean compatibles con su dignidad. AsĆ, los Estados estĆ”n obligados a realizar acciones concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, integridad y salud de las personas privadas de libertad, en el marco de la pandemia.
TambiĆ©n preocupa a la ComisiĆ³n el reciente aumento de la violencia en los centros de privaciĆ³n de la libertad. SegĆŗn informaciĆ³n recibida por la CIDH, distintos amotinamientos habrĆan ocurrido como protesta contra el hacinamiento y la falta de elementos de higiene personal y protecciĆ³n para prevenir el contagio del nuevo coronavirus en los centros penitenciarios de algunos paĆses de la regiĆ³n. En ese sentido, entre otros casos de amotinamientos observados, la CIDH destaca los registrados en las 13 cĆ”rceles de Colombia, en particular los hechos ocurridos en la cĆ”rcel La Modelo de BogotĆ” donde fallecieron 23 personas y mĆ”s de 80 resultaron heridas el 21 de marzo. Asimismo, la ComisiĆ³n fue informada que internos del penal El Milagro en Trujillo en PerĆŗ, se amotinaron exigiendo mejores condiciones frente a la situaciĆ³n de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y la falta de comida, dejando a 31 internos heridos. De igual forma, en Argentina, se registraron dos motines entre 23 y 25 de marzo que tuvieron lugar en las cĆ”rceles de Coronda y Las Flores, provincia de Santa Fe, en reclamo por las medidas sanitarias adoptadas frente a la pandemia. En estos episodios 5 personas fallecieron y otra decena resultaron heridas. TambiĆ©n se ha dado el caso de fuga masiva de personas privadas de libertad como el caso de Venezuela el pasado 18 de marzo, en donde segĆŗn la informaciĆ³n pĆŗblica a la que se tuvo acceso, se habrĆan fugado 84 personas. AdemĆ”s, se recibiĆ³ noticia de que, en al menos tres centros de detenciĆ³n migratoria de New Jersey, Estados Unidos, se estĆ”n promoviendo huelgas de hambre por parte de internos para protestar en respuesta a las medidas impulsadas por el Estado frente a la propagaciĆ³n del nuevo coronavirus.
En relaciĆ³n con las situaciones de violencia registradas, la ComisiĆ³n recuerda que los Estados, como garantes de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tienen el deber ineludible de adoptar acciones concretas para respetar y promover sus derechos a la vida e integridad personal. Debido a lo anterior, la CIDH reitera que el Estado debe ser capaz de mantener el orden y la seguridad en el interior de las cĆ”rceles y centros de detenciĆ³n. De este modo, debe asegurarse la adecuada implementaciĆ³n de protocolos para prevenir los amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la fuerza.
La ComisiĆ³n reconoce el esfuerzo que estĆ”n implementando algunos los Estados de la regiĆ³n para contener la pandemia y evitar su propagaciĆ³n en los centros penitenciarios. Esta coyuntura exige a los Estados un gran esfuerzo coordinado para descongestionar tanto unidades penitenciarias como comisarĆas a travĆ©s de criterios de excarcelaciĆ³n o adopciĆ³n de medidas alternativas a la privaciĆ³n de la libertad para garantizar la vigencia y goce de los derechos humanos a todas las personas. Asimismo, la CIDH insta a los Estados adoptar planes de contingencia para prevenir la propagaciĆ³n del virus en los centros de detenciĆ³n y para garantizar la atenciĆ³n mĆ©dica adecuada a las personas privadas de libertad. Estas medidas ademĆ”s de atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y ser proporcionales al riesgo de expansiĆ³n del COVID-19 en los centros de privaciĆ³n de la libertad, deberĆ”n respetar las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.
En particular, la ComisiĆ³n saluda la iniciativa del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil para contener la pandemia y evitar su propagaciĆ³n en los centros penitenciarios, recomendando a los tribunales y jueces, reducir la poblaciĆ³n de personas privadas de la libertad, adoptando medidas alternativas a la prisiĆ³n. Entre las medidas se destacan la revisiĆ³n de casos de prisiĆ³n preventiva, la adopciĆ³n de la prisiĆ³n domiciliaria para personas mayores y mujeres embarazadas y la progresiĆ³n al rĆ©gimen abierto para aquellas personas que se encontraban cerca de recibir el beneficio legal.
Asimismo, la CIDH tuvo noticia de que la DefensorĆa Penal PĆŗblica de Chile presentĆ³ recursos ante poderes judiciales y ejecutivos a fin de que se ordenen medidas urgentes para bajar la poblaciĆ³n carcelaria. En ese sentido, el 25 de marzo la DefensorĆa Penal PĆŗblica anunciĆ³ que ingresarĆ”n solicitudes en los tribunales de todo Chile con el objetivo de revisar la prisiĆ³n preventiva de personas de grupos de riesgo. Estas solicitudes alcanzarĆ”n, entre otros, a personas en particular situaciĆ³n de riesgo ante la pandemia. Adicionalmente, la ComisiĆ³n saluda la iniciativa del Presidente de Chile que ingresĆ³ al Congreso Nacional un proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a personas privadas de libertad a causa de la enfermedad del COVID-19. El proyecto propone conmutar la pena a personas mayores de 55 si son mujeres, y mayores de 60 aƱos, si son varones, asĆ como a mujeres embarazadas o que permanecen con sus hijas e hijos en los recintos penales.
Adicionalmente, la CIDH toma nota de que el ComitĆ© Nacional de PrevenciĆ³n de la Tortura de la Argentina viene monitoreando la situaciĆ³n de las personas privadas de libertad en el paĆs y saluda las recomendaciones de dicho organismo publicadas el Ćŗltimo 20 de marzo. La ComisiĆ³n, tambiĆ©n, toma nota del Mecanismo Local de PrevenciĆ³n de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires que solicitĆ³ medidas como el arresto domiciliario para grupos vulnerables y el uso de conmutaciĆ³n de penas por el Poder Ejecutivo, entre otras.
A su vez, la ComisiĆ³n valora las iniciativas de Colombia para contener el avance de la pandemia en los establecimientos penales, en particular las polĆticas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) mediante directrices y protocolos de atenciĆ³n para garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad.
Vinculado a lo anterior, la CIDH hace suyo el llamado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas del Ćŗltimo 25 de marzo por el cual exhortĆ³ a los Estados a proceder con la debida urgencia para reducir el nĆŗmero de personas privadas de libertad y a examinar los distintos casos para poner en libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19, en particular a las personas que tienen mĆ”s edad y aquellas aquejadas por enfermedades.
En relaciĆ³n con las medidas de contenciĆ³n y prevenciĆ³n dirigidas a los centros de privaciĆ³n de libertad, la CIDH recuerda a los Estados la necesidad de definir e informar de forma clara las razones para imponer dichas medidas restrictivas, la estimada duraciĆ³n inicial y el plazo para su revisiĆ³n. AdemĆ”s, resulta indispensable aplicar las medidas de forma transparente y sin discriminaciĆ³n, asegurando que todas las personas detenidas tengan acceso equitativo a medidas de protecciĆ³n y mitigaciĆ³n, con atenciĆ³n especial a las necesidades de las personas en situaciĆ³n de vulnerabilidad. Asimismo, la implementaciĆ³n de medidas de protecciĆ³n debe realizarse de forma diligente y adecuada para prevenir que las personas en aislamiento sufran malos tratos o cualquier tipo de estigmatizaciĆ³n, marginalizaciĆ³n o trato violento.
En caso de la suspensiĆ³n total de visitas como medida preventiva, la CIDH recuerda que, en muchos casos, son los familiares y visitantes de las personas privadas de la libertad quienes en la prĆ”ctica realizan el abastecimiento de alimentos, objetos de aseo personal e higiene, entre otros. Por tal motivo, los Estados deberĆ”n asegurar el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y alimentaciĆ³n, sin los cuales no es posible garantizar condiciones de vida digna y salud para las personas detenidas. Asimismo, la CIDH advierte que la adopciĆ³n de estas medidas no puede justificar bajo ningĆŗn motivo el encierro, confinamiento o la incomunicaciĆ³n absoluta. En tal medida, los Estados de la regiĆ³n deben acompaƱar dichas restricciones con otras polĆticas o programas compatibles con el derecho a la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad como la ampliaciĆ³n de horarios al aire libre o la optimizaciĆ³n de espacios y tiempos de esparcimiento.
Asimismo, la CIDH estima necesaria la adhesiĆ³n a las normas bĆ”sicas de higiene y acceso a materiales necesarios tanto para personas privadas de libertad como para el personal penitenciario. En el contexto de pandemia, los Estados deben asegurar el suministro adecuado de elementos bĆ”sicos de prevenciĆ³n como jabones, alcohol, guantes y productos de limpieza en los centros de detenciĆ³n. Asimismo, la ComisiĆ³n recomienda realizar los exĆ”menes mĆ©dicos sistemĆ”ticos para identificar el potencial riesgo de contagio y presuntos casos y disponer como mĆnimo de capacidad de aislamiento, asĆ como de los elementos necesarios para su control y el material de prevenciĆ³n necesario ademĆ”s de los equipos de protecciĆ³n para el personal penitenciario. Asimismo, las autoridades penitenciarias deben prevenir el ingreso de personas externas a las unidades de detenciĆ³n sin el debido chequeo previo, como forma de detener la propagaciĆ³n del virus.
Finalmente, la ComisiĆ³n ha tomado conocimiento de las medidas de aislamiento social domiciliario que varios paĆses han adoptado y que incluye la restricciĆ³n de la libertad de circulaciĆ³n por la vĆa pĆŗblica de las personas y cuyo incumplimiento supone en muchos casos sanciones como la detenciĆ³n. Al respecto, la CIDH encomienda a los Estados adoptar medidas alternativas a la privaciĆ³n de la libertad para hacer valer la vigencia de las medidas restrictivas a la circulaciĆ³n, disponiendo sanciones administrativas, como multas y/o la conducciĆ³n coercitiva a los domicilios particulares, con vistas a evitar el hacinamiento en las unidades de detenciĆ³n. Igualmente, los Estados deben prevenir la ocurrencia de detenciones arbitrarias, en particular de personas que circulan por la vĆa pĆŗblica para abastecerse de alimentos, medicamentos y otras necesidades bĆ”sicas, ademĆ”s de respetar el principio de legalidad y las garantĆas judiciales.
En este sentido y considerando el contexto de la pandemia del virus COVID-19, en cuanto a la protecciĆ³n de los derechos de las personas privadas de libertad, la ComisiĆ³n recomienda a los Estados:
1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privaciĆ³n de la libertad, incluida la reevaluaciĆ³n de los casos de prisiĆ³n preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privaciĆ³n de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.
2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crĆ³nicas, mujeres embarazadas o con niƱos a su cargo y para quienes estĆ©n prontas a cumplir condenas.
3. Adecuar las condiciones de detenciĆ³n de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentaciĆ³n, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atenciĆ³n mĆ©dica y proveer especial atenciĆ³n a las poblaciones en particular situaciĆ³n de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.
4. Establecer protocolos para la garantĆa de la seguridad y el orden en las unidades de privaciĆ³n de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estĆ”ndares interamericanos en la materia.
La CIDH es un Ć³rgano principal y autĆ³nomo de la OrganizaciĆ³n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la ConvenciĆ³n Americana sobre Derechos Humanos. La ComisiĆ³n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la regiĆ³n y actĆŗa como Ć³rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH estĆ” integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a tĆtulo personal, y no representan sus paĆses de origen o residencia.
No. 066/20
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