ABOGADOS DEL MUNDO, UNÍOS CONTRA EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
¡LIBERTAD INMEDIATA PARA
LOS ABOGADOS PERUANOS DETENIDOS
EN EL OPERATIVO MILITAR OLIMPO!
“…la concepción del terrorista, del delincuente como enemigo tiene aptitud bastante para arrollar todas las garantías del derecho penal, desde el principio de legalidad al de culpabilidad, desde la presunción de inocencia hasta la carga de la prueba y los derechos de la defensa”.
Luigi Ferrajoli
Una corriente punitivista y policiaca se propaga en medio de un funesto estado de excepción permanente. La convocatoria de Jakobs ha hecho efecto. Las raíces del derecho penal del enemigo, de linaje fascista, se arraigan y trenzan en las bases de los denominados Estados liberales de occidente. Los que, en un desesperado pánico, por las luchas sociales que se incrementan a consecuencia de la miseria increíble que trae consigo la globalización y el neoliberalismo, se obligan a instrumentalizar el derecho penal, al antojo de sus intereses políticos, convirtiéndolo en una espada de Damocles contra aquel que ose pronunciarse por sus derechos fundamentales y exija cambios perentorios que puedan materializar una vida digna a los pueblos.
Se fundan así los denominados delitos de peligro abstracto sin peligro, sin hechos, centrados únicamente en la peligrosidad del sujeto y en lo que éste podría hacer en el futuro, sin saber siquiera cuándo, cómo ni dónde. Lo cual transgrede absolutamente los máximos principios del derecho penal garantista que se sustentan en el acto humano, y que fueron conquistados por la humanidad en el proceso de desarrollo dialectico de la sociedad.
Pues bien, ese derecho penal del enemigo está presente, se impone cada día, se expande y se vitaliza. Se legitima. Se convierte en una amenaza contra los pueblos del mundo y se muestra inconciliable con el progreso histórico de la sociedad. Ya que existe exclusivamente para proteger los intereses de las clases dominantes que se apoderan del Poder y lo conducen hacia sus propósitos de opresión política contra los “criminales de pensamiento”.
El Perú, país sudamericano de gran historia milenaria, de ser una de las tierras más desbastadas por las acciones conquistadoras, y por lo cual fue el último en desprenderse de esa dominación, es, a su vez, una tierra de luchas constantes que en el transcurrir del tiempo ha visto el enfrentamiento de las clases populares contra el absolutismo material cual revestido de República se impuso como Estado “social y democrático”.
Este, de sustrato antipopular, y, por tanto, de exclusividad para los magnates del gran capital, lleva adelante, hoy en día, una guerra absoluta, y sin protocolos, contra los ciudadanos que profesan ideas que lo cuestionan anhelando una Nueva Constitución y la derogatoria de leyes que agobian y recrudecen las peores condiciones de trabajo para el poblador peruano. Y a ellos, a los más representativos, les ha montado una operación militar denominada Olimpo y los ha arrestado desde el dos de diciembre hasta este preciso momento. Es decir, los retienen habiendo transcurrido más de los 15 días que la Constitución establece para la investigación del delito incriminado: terrorismo.
Lo inaudito de esta operación represiva, y es muy preocupante, es que también han detenido a abogados litigantes, es decir, han apresado a quienes defienden causas justas que implican la defensa jurídica de presos políticos y de masas populares que enfrentan diversos litigios en el país. Se ha dejado, con la privación de sus libertades, indefensas a numerosas personas y se les ha declarado, en la praxis, una violenta guerra especial por ser los defensores legales de varios dirigentes revolucionarios comunistas. Con quienes, ahora, comparten, además de la prisión, el banquillos de los denunciados en este nuevo caso policial Olimpo. El cual no encuentra, hasta el momento, solvencia alguna que acredite su premisa fundamental: que los detenidos, en general, como integrantes de la organización “terrorista” Sendero Luminoso, estarían preparando el inicio de acciones violentas contra el “régimen político constitucionalmente establecido”. Y que ellos serían, entiéndase, el aparato legal.
Así, con esas incriminaciones fantasiosas, los han detenido. Y, ahora, para privarles también de sus derechos procesales, les han notificado, a pocas horas del inicio de la audiencia para debatir los cargos y de si se abre o no proceso penal, la denuncia que contiene casi 300 páginas, y aun cuando la investigación alcanza los 6 tomos de documentación para dar lectura.
¿Es o no una afectación al derecho de defensa y al debido proceso, a la igualdad de armas? Y lo que es supremamente negativo: permanecen recluidos en las instalaciones policiales a cargo de sus propios captores. Quienes, en todo momento, los hostigan, observan y están escuchando las conversaciones que no pueden ser, por lo evidente, privadas. No permitiéndoles, además, el acceso a papel ni a lapiceros para que puedan anotar lo que el Fiscal y el Juez va exponiendo en el decurso de la audiencia.
Es, en sí, una detención, además de ilegal e inconstitucional, portadora del estatus de un derecho penal del enemigo, de un acto de guerra sin cuartel revestido de un proceso judicial –régimen de investigación persecutoria inhumano al cual, juristas italianos, lo denominan como la desjurisdiccionalización o desprocesalización del proceso penal comúnmente conocido-. Pues, están en un escenario judicial secreto en donde se encuentran materialmente indefensos ante una imputación en la cual los poderes del Estado actúan, en gran comparsa, en su contra.
Asimismo, frente a los referidos abogados, se puede constatar, se han tirado por la borda todas las prerrogativas que la ley nacional e internacional les confiere para el ejercicio material y litigante de su profesión, tratándolos como si no ostentarán su real condición de operadores jurídicos reconocidos por el ordenamiento legal ordinario y constitucional. El hecho, ahora, que hayan logrado asumir su autodefensa técnica no quita la manifestación, ya consumada, de las graves vulneraciones aludidas, y que se vienen e irán agravando con el transcurrir del “proceso”.
Esto, señores abogados del mundo, no podemos permitir. No lo podemos consentir. Es un atentado a los derechos más fundamentales de las personas y de quienes profesamos la cara profesión de abogado. Es un crimen fascista que pretender expandirse en el mundo, que buscará imponerse más en cada rincón del ordenamiento punitivo y persecutorio. Echándose abajo, en realidad, la etiqueta de Estado Liberal Constitucional Democrático para colocarse la de un genuino Estado Absoluto y policiaco, criminal y perseguidor de las ideas como el más grave delito.
Es menester, por lo tanto, cuestionar el avance inescrupuloso del derecho penal del enemigo en la sociedad y bregar, persistir, por un derecho penal que siga cumpliendo su papel de sancionar conductas en el marco de un debido proceso y al tenor de los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad, y demás garantías que protegen y asisten al ser humano. En el entendimiento sensato de que con el derecho criminal no se van a resolver los problemas sociales, puesto que estos acusan sus causas en la economía y en la política.
Finalmente, como abogados del mundo, uníos, exigimos, al Estado peruano, que libere, en el tiempo más inmediato, a los abogados peruanos injustamente detenidos que sufren la privación de su libertad sin que hayan cometido o participado en la comisión de algún acto terrorista acaecido en el Perú:
Sara Rosana Vallejo Vásquez
Reg. C.A.L. 78612
Percy Santiago Mendoza Mateo
Reg. C.A.L. 51622
Miguel Cornelio Sánchez Calderón
Reg. C.A.P.
Alex Manuel Puente Cárdenas
Reg. C.A.L. 56178
Raúl Ángel Bonnet Salazar
Reg. C.A.L.
Hugo Noronha Ruiz
Reg. C.A.L. 57946
Carlos Alfonso Gamero Quispe
Reg. C.A.L.
Mauro Apaico Paucar
Reg. C.A.C.
Alfredo Víctor Crespo Bragayrac
Reg. C.A.L. 11206
Noemí Quispe Díaz
Reg. C.A.L. S. 00776
Shiomara Velazco Chávez
Reg. C.A.L. S. 00135
20 de diciembre 2020
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UNION DE ABOGADOS LIBRES SUCRE-BOLIVIA
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