PRONUNCIAMIENTOINVESTIGACIÓN CON MODERACIÓN Y RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA COMO CONDICIÓN DE JUSTICIA
Los que abajo firmamos, abogados miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, con solidas convicciones democráticas y jurídicas, nos dirigimos a la opinión pública en general, para manifestar lo siguiente:
1°) Como es de conocimiento público, en fecha 02 de diciembre del presente año, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, han llevado adelante un operativo policial denominado “Olimpo” que ha resultado con la detención de más de 75 personas en la ciudad de Lima, peruanos todos, acusados de ser dirigentes o activistas del MOVADEF. Un operativo, a toda luz, ilegal, arbitrario y abusivo pues cuestiona, colisiona y violenta con derechos fundamentales reconocidas en la propia Constitución Política del Perú, que dispone taxativamente en su Título I, Cap. I, Art. 2, incisos 2, 3, 4, 13 y 17 el derecho a la libertad de ideas, pensamiento, expresión y organización, ineludibles para un verdadero estado de derecho en el país o de cualquier otro que se precie de democrático.
2°) La situación en este caso, no es “presuponer”, “creer” o “tantear” que, por que algunos ciudadanos erijan como sustento de su acción política un conjunto de ideas o pensamientos, estos correspondan a una tipificación penal de “terrorismo”. De ser así, estaríamos retrotrayendo toda acción jurídica a la época de la brutal Santa Inquisición, donde solo por disentir con la religión oficial o exigir respeto a la libertad de creencia, se perseguía, encarcelaba o se envía a la hoguera a los llamados “herejes”. Acción perversa e inconcebible en pleno siglo XXI, pues atenta contra la libertad de pensamiento y, en correspondencia, contra la libertad de expresión y organización, derechos al que tiene toda persona “sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, como lo establece la Constitución Política del Perú.
3°) Pensar y opinar distinto al discurso oficial, y organizarse para participar en la vida política del país, “sin autorización previa y con arreglo a la ley”, no es delito en el país. Y, esto nos preocupa, pues como demócratas y respetuosos del estado de derecho, vemos que en el Perú se viene desenvolviendo desde hace años una peligrosa y sistemática campaña de persecución política de parte del Estado peruano y sus órganos jurisdiccionales, muchas veces con el silencio cómplice de intelectuales, organizaciones y sectores de la gran prensa. Qué hay personas presas por sus ideas y acción política en el Perú, es algo innegable, por más “esfuerzo” que desenvuelvan algunos por cubrirlos de lodo y responsabilidad penal. Ahí están los casos de decenas y cientos de peruanos presos por una política de criminalización a la lucha popular y sindical tan solo por levantar su voz de rechazo a un sistema oprobioso, injusto y explotador que los ha empujado a la pobreza, la mendicidad y el desempleo.
4°) NO EXISTE, NINGUNA JUSTIFICACIÓN JURÍDICA para la detención de mujeres con niños en brazos, de adultos mayores con enfermedades y males crónicos, así como la de abogados, maestros, artistas populares y estudiantes, lo que nos lleva a cuestionar este operativo como parte de una política de odio y venganza, que algunos no entienden, que estas jamás serán buenas consejeras para cerrar viejas heridas políticas en el país. Caminamos al bicentenario de nuestra joven nación y al parecer algunos viven aún en las cavernas. La nación y la sociedad peruana no pueden darse el lujo de perder otros cien años más, sobre todo con una grave crisis como la que vive el país y que amenaza con más años de miseria y pobreza para el pueblo. Por lo expuesto y nuestras convicciones democráticas, demandamos junto al pueblo:
¡Libertad para todos los detenidos injustamente en el operativo policial “Olimpo”!
¡Investigación con moderación y respeto a la dignidad humana!
¡Nueva Constitución para el pueblo peruano!
Puno, 18 de diciembre del 2020
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