AUDIENCIA DEL 7 DE NOVIEMBRE.
Esta audiencia ha
dado por concluidas las declaraciones del testigo de la Fiscalía, General
(PNP-GEIN) Rubén Zúñiga. Quien fuera propuesto con la pertinencia de experto en
terrorismo, analista de documentos incautados, en el marco de los años 1990-91.
En esta ocasión correspondía al
procurador de terrorismo interrogarlo, sus preguntas introdujeron hechos nuevos
y supuestos falsos para inducir al testigo a cambiar sus dichos vertidos en la
anterior audiencia; a la vez pretendía confundir a los jueces. La Procuradora
daba por sentado que la acción ocurrida en Tarata el año 92 era parte de un
plan o de una campaña, acordados por el Comité Central del PCP o por el Socorro
Popular; contradiciendo de esta manera el dicho de Zúñiga en el cual claramente
menciona que en el documento hallado por la Dincote el mes de octubre de 1992
se escribe que el Comité de acciones del zonal no planificó el hecho de Tarata
sino al Banco de Crédito por ser de la gran burguesía financiera. La defensa se
opuso con acierto.
La Procuradora insistió en que
el hecho ocurrido de Tarata “había sido planificado por el C.C. del PCP” “en
unos lineamientos para el Socorro Popular de 1991”. La defensa se opuso porque
no se trata de enjuiciar al Socorro, sino la autoría mediata de los dirigentes
del PCP en lo acontecido en Tarata, es decir, si hubo o no “orden”,
“directivas” o “planes previos” sobre ese hecho concreto de Tarata.
La Procuradora pretendió
insistir en su tesis entrando por las formas de lucha, forzando al testigo.
Otra cuestión general que no se refiere al hecho concreto.
Así, la fuerte confrontación
tuvo buenos resultados. No pudo testificar a favor de la mentira de la Fiscalía
y la Procuraduría.
Sobre la imputación de tráfico
ilícito de drogas, el testigo no era especialista y además habló de
“probabilidades” pero claramente consignó que en ninguna parte de la
documentación analizada encontró que hubiera relaciones con el narcotráfico.
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