Compartimos el artículo de María Sol Navía, ex Ministra de Trabajo aparecido en el portal de noticias económica de Colombia Portafolio.
En el mundo convulsionado y confuso de hoy, parece bastante obvio defender las democracias: el sistema menos malo de gobierno, como dijera Churchil. Con todos los defectos, abusos, injusticias y corrupción, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
La principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros, el no inmiscuirse ni presionar decisiones de un órgano a otro.
Cito a Montesquieu: “cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente.
Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Formalmente, aparecen los órganos diferenciados en las estructuras de los Estados, sin embargo, con frecuencia en la práctica de la creación, desarrollo y ejecución de las leyes y la aplicación de la justicia, en el discurrir de las democracias, la realidad linda con lo citado por Montesquieu. La interferencia de un órgano en otro es real, a veces un poco camuflada y otras tantas de forma totalmente abierta, como ya es el caso de Venezuela.
Pero este no es el único. Bajo distintas formas y prácticas, los gobiernos ejercen presión sobre la justicia y el poder legislativo, sin que necesariamente sean dictaduras o tiranías, y esto va minando las democracias lentamente hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales.
Hoy, en muchos países esta autonomía se irrespeta y, más aún, se han ingeniado diferentes estrategias para, desde gobiernos totalitarios o autoritarios, dirigir las decisiones judiciales a conveniencia de estos.
Los procesos políticos se han judicializado y la justicia se ha convertido en herramienta política. De esta forma, no hay independencia de los partidos y fuerzas políticas para el ejercicio transparente y libre de sus derechos, y para el cumplimiento de la importante función que tienen dentro de una democracia, como canales institucionales entre el ciudadano y el Gobierno o el legislativo.
Otro rasgo fundamental de la democracia es la imparcialidad de los medios de información, el respeto a las opiniones, la transparencia en la información, la ausencia de presiones en forma de castigo, o recompensa, para estos medios de acuerdo con su comportamiento. Similar predicamento se aplica a las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales, las cuales deben distinguirse por la libertad de sus opiniones, libres de presiones políticas.
El principio de estabilidad jurídica, de cosa juzgada, el cierre de los procesos y fallos definitivos, que ofrezcan certeza a las decisiones judiciales es otro pilar que no debería ser vulnerado. De lo contrario, se genera un gran temor e incertidumbre a ciudadanos y empresas.
Actualmente, existe preocupación en muchos Estados, ya que estos requisitos han ido difuminándose y, poco a poco, los vicios han minado la confianza en las instituciones y en los procesos políticos.
Es de vital importancia para la supervivencia de sociedades civilizadas, contar con instituciones suficientemente fuertes que garanticen el respeto de los derechos individuales y colectivos.
Formalmente, aparecen los órganos diferenciados en las estructuras de los Estados, sin embargo, con frecuencia en la práctica de la creación, desarrollo y ejecución de las leyes y la aplicación de la justicia, en el discurrir de las democracias, la realidad linda con lo citado por Montesquieu. La interferencia de un órgano en otro es real, a veces un poco camuflada y otras tantas de forma totalmente abierta, como ya es el caso de Venezuela.
Pero este no es el único. Bajo distintas formas y prácticas, los gobiernos ejercen presión sobre la justicia y el poder legislativo, sin que necesariamente sean dictaduras o tiranías, y esto va minando las democracias lentamente hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales.
Hoy, en muchos países esta autonomía se irrespeta y, más aún, se han ingeniado diferentes estrategias para, desde gobiernos totalitarios o autoritarios, dirigir las decisiones judiciales a conveniencia de estos.
Los procesos políticos se han judicializado y la justicia se ha convertido en herramienta política. De esta forma, no hay independencia de los partidos y fuerzas políticas para el ejercicio transparente y libre de sus derechos, y para el cumplimiento de la importante función que tienen dentro de una democracia, como canales institucionales entre el ciudadano y el Gobierno o el legislativo.
Otro rasgo fundamental de la democracia es la imparcialidad de los medios de información, el respeto a las opiniones, la transparencia en la información, la ausencia de presiones en forma de castigo, o recompensa, para estos medios de acuerdo con su comportamiento. Similar predicamento se aplica a las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales, las cuales deben distinguirse por la libertad de sus opiniones, libres de presiones políticas.
El principio de estabilidad jurídica, de cosa juzgada, el cierre de los procesos y fallos definitivos, que ofrezcan certeza a las decisiones judiciales es otro pilar que no debería ser vulnerado. De lo contrario, se genera un gran temor e incertidumbre a ciudadanos y empresas.
Actualmente, existe preocupación en muchos Estados, ya que estos requisitos han ido difuminándose y, poco a poco, los vicios han minado la confianza en las instituciones y en los procesos políticos.
Es de vital importancia para la supervivencia de sociedades civilizadas, contar con instituciones suficientemente fuertes que garanticen el respeto de los derechos individuales y colectivos.
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